Debido a la crisis que ha padecido la economía española en los últimos años, algunas empresas transportistas españolas han establecido filiales, sedes o establecimientos en países del Este del continente europeo (Polonia, Bulgaria, Rumanía, Lituania...), donde las legislaciones laborales y sociales son mucho menos rigurosas que la nuestra y los costes del transporte son menores que en nuestro país. Desde allí matriculan camiones, contratan personal, pagan las cotizaciones y en general gestionan su actividad. El fin último de estas acciones es abaratar costes para bajar precios y captar más clientes.
El problema está en que la actividad principal de estas empresas se desarrolla no en los países del Este, sino en territorio español o centroeuropeo, con lo que se está realizando una competencia desleal en esta actividad. Este tipo de conductas han generado la llamada "rumanización del transporte". Alrededor de un 10% de las operaciones de cabotaje en España son realizadas por empresas radicadas en estos países en la actualidad.
Esta "deslocalización" de empresas españolas para poder competir en mejores condiciones puede generar además situaciones de baja protección legal y abusos hacia los trabajadores en una profesión que ya por sí es de riesgo, como lo es la conducción de transporte de mercancías, ya que no están protegidos por la normativa del contrato de trabajo español. Además puede existir peligro para la seguridad de las vías públicas, ya que los trabajadores pueden ser obligados a trabajar más horas de las permitidas.
Por eso, las principales asociaciones de transportistas insisten en que es necesario crear mecanismos de control en el ámbito europeo por parte de las autoridades nacionales y comunitarias, y este control va a ser sencillo de establecer y seguir, puesto que siempre van a quedar rastros de dónde ha realizado un camión su actividad, y si este lugar es distinto del país donde el vehículo ha sido matriculado existe un evidente fraude. Además, también se recuerda que estos conductores son comunitarios y deben respetar siempre las leyes y directivas europeas en vigor en materia de transporte de mercancías.
